El intendente de Saladillo fue denunciado porque no rindió y tampoco devolvió $16 millones de fondos públicos
El Gobierno, a través de la Fiscalía de Estado, formalizó la acusación contra David Becerra por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública.
La Fiscalía de Estado denunció penal y civilmente al intendente comisionado de Saladillo, David Becerra que después de cuatro procesos de juicios de responsabilidad realizados por el Tribunal de Cuentas lo condenó a pagar más de $16 millones por no presentar balances trimestrales de periodos correspondientes entre 2020 y 2021.
El jefe comunal violó la Constitución Provincial y las leyes de Contabilidad y de Municipios. Por ese motivo se lo acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública, según la denuncia presentada con el patrocinio del fiscal de Estado, Víctor Endeiza.
De acuerdo a la denuncia que formuló el jefe de la sala penal de la Fiscalía, Santiago Calderón Salomón, el intendente comisionado no cumplió con la rendición de los periodos comprendidos de enero a junio y de octubre a diciembre de 2020 y de marzo a junio de 2021.
Por este hecho, al jefe comunal se le iniciaron juicios de responsabilidad resultando condenado por el Tribunal de Cuentas de la provincia al pago de $16.325.878,45 más intereses como forma de restitución de los recursos que fueron enviados por el Gobierno “concluyendo que hubo una administración maliciosa de los mismos”. Se estableció un plazo para el desembolso, pero como no cumplió, desde Fiscalía decidieron denunciarlo.
“Dichos fondos fueron otorgados para la administración municipal, y no fueron rendidos conforme a las exigencias de la Ley de Contabilidad, motivo por el cual se ha decidido iniciar causas civiles y penales en su contra”, explicaron.
También plantearon que Becerra omitió “deliberadamente” su obligación de detallar la recaudación e inversión con los comprobantes.
En ese sentido, desde Fiscalía solicitaron que se secuestre de la Municipalidad de Saladillo toda la documentación obrante relativa a los periodos que no declaró como asientos bancarios, balances y toda otra forma de rendición de cuentas.
Además, pidieron una pericia contable y se libren oficios al Tribunal de Cuentas, al Programa Municipios, Contaduría y a Tesorería de la Provincia.
Por último, requirieron que se cite a los auditores fiscales y a los empleados municipales que se desempeñaban en esos años.
A la presentación de la demanda, adjuntaron cuatro acuerdos del Tribunal de Cuentas donde Becerra fue condenado al pago de esos montos.
Por otro lado, se conoció que desde el inicio de su gestión no ha rendido cuentas de los fondos que por coparticipación le transfiere la Provincia. En los últimos días se conoció además que no reintegró el dinero que recibió en concepto de anticipo financiero de obras que no realizó. El Gobierno le reclama la devolución de estos fondos.
Las condenas
| El Tribunal de Cuentas, a través del acuerdo N° 70-TC-2024, condenó a Becerra al pago de $3.305.418,67 más los intereses que correspondan hasta el efectivo el desembolso por no haber presentado el balance del primer trimestre del 2020.
| A través del acuerdo N° 77-TC-2024 lo condenó al pago de $4.294.692,78 más intereses por la falta de presentación del balance correspondiente al cuarto trimestre del 2020.
| A través del acuerdo N° 960-TC-2023, lo condenó al pago de $3.069.390,91, más intereses, por la omisión de la rendición del balance del segundo trimestre del 2020.
| A través del acuerdo N° 140-TC-2024, lo condenó al pago de $5.656.376,09, más intereses, por no haber rendido el balance correspondiente al segundo trimestre